En un esfuerzo por adaptarse a las cambiantes necesidades de sus beneficiarios, la Pensiones Civiles del Estado (PCE) de Chihuahua está considerando una reforma integral a su Ley de Pensiones y al Reglamento del Servicio Médico. Esta iniciativa surge ante el notable aumento en la demanda de atención médica, especialmente entre los familiares de los derechohabientes.
El director general de PCE, Heriberto Miranda Pérez ha destacado que los familiares de los trabajadores activos utilizan los servicios médicos hasta un 70% más que los propios empleados. Esta situación ha generado un incremento significativo en la demanda de atención y en el gasto institucional, lo que ha llevado a la necesidad de actualizar las normativas vigentes.
El crecimiento de la derechohabiencia y sus implicaciones
De acuerdo con el Cuarto Informe de Resultados del Gobierno del Estado en 2026 el padrón de servicio médico de PCE estaba integrado por 97,601 personas de las cuales 51.9% eran beneficiarios. Este aumento en el número de derechohabientes, junto con el envejecimiento de la población, ha incrementado la necesidad de tratamientos para enfermedades crónicas problemas oncológicos y servicios especializados.
Miranda Pérez ha señalado que la propuesta de reforma debe considerar esta nueva composición de la derechohabiencia y el aumento de las necesidades médicas. El objetivo es establecer condiciones que permitan sostener financieramente la prestación de los servicios en los próximos años.
La necesidad de actualizar el Reglamento del Servicio Médico
Uno de los puntos clave de la reforma es la actualización del Reglamento de Servicios Médicos para los Trabajadores al Servicio del Estado de Chihuahua el cual fue expedido en 1981 y no ha recibido una sustitución integral desde entonces. El director general ha enfatizado que este reglamento está obsoleto y requiere una revisión exhaustiva para adaptarse a las necesidades actuales.
La Ley de Pensiones vigente, publicada en diciembre de 2013 regula el sistema de seguridad social de los trabajadores, las pensiones, préstamos y prestaciones económicas. Esta ley faculta a la Junta Directiva de PCE para conocer y aprobar los proyectos de reforma presentados por la Dirección General.
La propuesta de reforma se suma a la revisión normativa que ya realiza la institución. En junio de 2026 la Junta Directiva acordó elaborar un estudio técnico y establecer una mesa de trabajo para analizar las adecuaciones legales necesarias. Esta revisión se enmarca en una reforma constitucional publicada en abril de 2026 que modificó parámetros relacionados con pensiones y jubilaciones de los entes públicos.
Miranda Pérez ha adelantado que la propuesta será presentada tanto al Ejecutivo como al Congreso del Estado aunque aún no existe una fecha definida para su envío. Los cambios buscan permitir a PCE responder al crecimiento de la derechohabiencia y de la demanda médica sin comprometer su funcionamiento futuro.
